Protocolo de redes de apoyo comunitario

Protocolo para la conformación de redes de apoyo comunitario que contribuyan al cumplimiento de medidas socioeducativas de adolescentes en conflicto con la ley penal

Los procesos de reforma de la justicia penal juvenil en Guatemala se han constituido en significativas transformaciones sociales. No obstante, en el campo de la política criminal, la expansión del poder punitivo es muy recurrente, toda vez que medidas populistas penales están a la disposición de los sectores que por desconocimiento o interés, tienden a la criminalización y estigmatización. Ante ese riesgo, desde años recientes la niñez y adolescencia gozan de un sistema de protección, garantizado por un andamiaje de normas jurídicas internacionales que se recogen en buena medida tanto en la Constitución Política de la República de Guatemala (CPRG) como en la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (LPINA).

Estas normas jurídicas nacionales e internacionales propugnan un nuevo paradigma para la actividad estatal que atiende a la adolescencia, tal como es la Doctrina de la Protección Integral. Con este paradigma se instituye un nuevo modelo de justicia penal juvenil, que se fundamenta en la especialización de sus instituciones y funcionarios, así como derechos y garantías judiciales para los adolescentes que se les imputa la comisión de un delito, y un sistema de sanciones orientado por el principio sociopedagógico.

En lo que respecta al sistema sancionatorio, la ley establece que la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República (SBS), es la institución responsable de atender, supervisar y velar por el proceso educativo del adolescente que fue sancionado por los órganos jurisdiccionales competentes. Es evidente que se está frente a una actividad compleja y con altas expectativas sociales, como es prevenir la reincidencia delictiva y fortalecer el proceso del adolescente infractor.

Una de las funciones específicas que la ley instituye para la SBS es que promueva la participación de la comunidad a efecto de que contribuya en los procesos de reinserción y resocialización de los Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal (ACLP).

En la actualidad se cuenta con pocas experiencias en lo que respecta a este extremo. En virtud de lo anterior, surge la necesidad para la SBS de definir una estrategia para lograr el acercamiento y mantener la relación con la comunidad, a través de su participación activa en las acciones relacionadas con ACLP, en especial de quienes cumplen con una medida o sanción socioeducativa.

El presente protocolo constituye un instrumento institucional que contiene los aspectos normativos, conceptuales y metodológicos básicos para que la SBS pueda conformar redes de apoyo comunitario, con el fi n de garantizar la participación social. En particular, el protocolo será útil para la dirección de medidas socioeducativas de la Subsecretaría de Reinserción y Resocialización de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal (SRRACLP), la dirección departamental y las sedes departamentales de la SBS.

 

La presente publicación se realiza gracias a la cooperación de la Unión Europea a través del Programa de Apoyo a la Seguridad y la Justicia - SEJUST -.
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